En el marco de la causa penal que investiga la obstaculización de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una niña de 12 años víctima de abuso sexual intrafamiliar, el Hospital Avellaneda realizará una capacitación obligatoria en atención integral de IVE/ILE como medida de reparación comunitaria. La jornada tendrá lugar el 27 de noviembre de 2025, con aval del SIPROSA y en cumplimiento de lo acordado en el expediente S-025599/2024, que tramita en la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale.
Se trata de un hecho inédito: es la primera vez en Argentina que se investiga penalmente el delito de obstrucción de aborto legal, incorporado en 2020 por el artículo 15 de la Ley 27.610 y tipificado en el art. 85 bis del Código Penal, que prevé penas de uno a dos años de prisión e inhabilitación para el personal de salud que dilate, niegue u obstaculice un aborto legal.
Un caso que expuso fallas institucionales
El caso que motivó la investigación ocurrió el año pasado, cuando una niña de 12 años llegó al Hospital Avellaneda solicitando una Interrupción Legal del Embarazo producto de una violación intrafamiliar. Con el consentimiento informado firmado y el procedimiento listo para realizarse, personal del hospital intentó persuadirla de continuar con la gestación, llegando incluso a prometer una casa a su madre, una familia en situación de extrema vulnerabilidad.
La maniobra fue advertida por la Defensoría Oficial de Menores, que denunció el hecho ante la justicia penal. La investigación incluyó el testimonio de más de diez integrantes del equipo de salud. Finalmente, la subdirectora del hospital, Dra. Patricia Medina, fue acusada por su presunta intervención en la obstaculización. La niña fue finalmente obligada a parir, y el bebé falleció a los pocos días. El agresor sexual se encuentra detenido.
El rol de la Fundación Mujeres x Mujeres
La Fundación Mujeres x Mujeres (MxM) se constituyó como querellante en representación de los derechos de las mujeres y brindó patrocinio jurídico gratuito a la víctima. Como parte del acuerdo de reparación, la imputada ya cumplió con una reparación económica para la niña y su familia. La organización solicitó además una reparación comunitaria, que el SIPROSA aceptó y que derivó en la capacitación que ahora se implementará.
“Es la primera vez que se investiga este delito en el país. En otro momento, este caso habría sido archivado”, destacó la abogada Soledad Deza, cofundadora de MxM y una de las capacitadoras. Para la letrada, el proceso marca un precedente clave para evitar nuevas vulneraciones: “Es mediante la formación que se modifican patrones culturales dentro de los sistemas de salud”.
Deza remarcó el componente de revictimización que atraviesan las niñas que enfrentan gestaciones forzadas: “El personal de salud no puede usar su lugar de poder para profundizar violencias. Una niña de 12 años ya llega al hospital violentada, no se la puede obligar a parir”.
La capacitación como garantía de no repetición
La jornada formativa contará también con la participación de la Dra. Marcela Jozami, referente del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, la Dra. Gilda Catacora, ginecóloga del Hospital Avellaneda, y las abogadas Soledad Deza y Mariana Álvarez, docentes de la Facultad de Derecho de la UNT y fundadoras de MxM.
Para la fundación, la medida busca evitar que prácticas similares vuelvan a ocurrir. “Luego de esta capacitación va a ser prácticamente imposible que haya excusas por desconocimiento normativo dentro del hospital”, señaló Deza.
Una alerta sobre las resistencias dentro del sistema de salud
La abogada destacó que, mientras el Poder Judicial suele actuar con mayor celeridad en causas de abuso sexual infantil, las resistencias suelen aparecer en el campo sanitario: “La condena penal castiga el pasado. Pero el embarazo forzado es lo que la niña vive todos los días. Y frente a eso, muchas veces surgen resistencias que terminan revictimizando”.
El caso vuelve a poner en discusión el alcance efectivo del derecho a acceder a una ILE en Argentina y la obligación del Estado de garantizarlo, especialmente cuando se trata de niñas víctimas de violencia sexual. La Fundación MxM cerró su comunicado con una frase contundente: “En un mundo justo, las niñas no deben ser convertidas por la fuerza en madres. ¡Con las niñas no se metan!”
