La sesión de este jueves en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán quedó atravesada por una fuerte tensión entre las posiciones políticas y el reclamo de los trabajadores de aplicaciones de transporte. Desde temprano, los choferes de Uber Moto se concentraron en la cancha de Atlético Tucumán y marcharon hacia el recinto para expresar su rechazo al proyecto que, según afirman, impondría cupos, un canon económico y limitaciones para operar únicamente dentro de la capital, lo que reduciría de manera drástica sus posibilidades de trabajo. La convocatoria surgió de manera urgente, luego de que los conductores advirtieran que la eventual aprobación de la normativa podría dejarlos sin su principal fuente de ingreso y reclamaran que “la voz de los trabajadores sea escuchada”.
En este contexto, Radio Universidad entrevistó al concejal Leandro Argañaraz, quien se mostró como uno de los principales impulsores de un proyecto alternativo al que rechazan los choferes. Desde el inicio, el edil insistió en que la prioridad es “no romper lo que funciona”, en referencia al esquema actual con el que operan las aplicaciones como Uber, Didi, Cabify y Uber Moto. A su entender, los tucumanos ya incorporaron estas opciones como parte de su movilidad cotidiana y el Concejo tiene la oportunidad de sancionar una legislación “moderna, ágil y beneficiosa para los ciudadanos”, que no restrinja la libertad operativa de las plataformas.
Argañaraz aseguró que su proyecto apunta a sincerar la realidad del mercado sin imponer trabas. Remarcó cuatro aspectos centrales: no establecer cupos para conductores, no fijar límites interjurisdiccionales, no exigir tarifas mínimas ni máximas desde el Estado y evitar cualquier tipo de registro presencial que obligue a los choferes a realizar trámites que les quiten tiempo de trabajo. Para el concejal, el Estado debe fijar reglas claras pero sin interferir en la dinámica de oferta y demanda que hoy sostiene al sistema. En esa línea, explicó que el único registro requerido será el de las aplicaciones en sí mismas, no el de cada conductor, con el objetivo de reducir la burocracia y permitir que nuevas plataformas puedan ingresar al mercado local.
Esa visión contrasta con las inquietudes expresadas por los choferes de Uber Moto, quienes aseguran haber visto circular un proyecto con características distintas a las que describe el concejal: restricciones de operación, canon municipal y cupos limitados. La diferencia entre ambas versiones plantea interrogantes sobre la falta de comunicación oficial hacia los trabajadores, que hoy son el sector más vulnerable y menos representado dentro del debate institucional. Argañaraz agradeció el acompañamiento de sus colegas y afirmó que se logró consenso en comisión, pero no mencionó instancias formales de diálogo con los choferes movilizados, quienes reclaman precisamente ser incluidos en la discusión.
En paralelo al debate sobre las aplicaciones, el Concejo también tratará el aumento del boleto del transporte público. Argañaraz sostuvo que dicho ajuste responde a la inflación acumulada en el país, aunque evitó responsabilizarse directamente por el impacto que tendrá en el bolsillo de los usuarios. Sin embargo, advirtió sobre un problema estructural que suele quedar fuera del debate cotidiano: ninguna de las líneas de colectivos de San Miguel de Tucumán cuenta hoy con concesión vigente. Para el edil, esta irregularidad —que calificó como “un escándalo”— revela la necesidad urgente de realizar licitaciones que permitan la competencia real entre empresas y mejoren un sistema de transporte que arrastra años de deterioro.
La discusión en el Concejo, entonces, no solo enfrenta diferentes visiones sobre cómo regular las aplicaciones, sino también expone las falencias del transporte público tradicional y la necesidad de redefinir la movilidad urbana en la capital tucumana. Mientras Argañaraz impulsa una normativa que considera procompetitiva y simplificadora, los choferes de Uber Moto temen quedar marginados por reglas que no sienten propias y exigen participar en las decisiones que afectan su trabajo diario. Lo que se resuelva en esta sesión tendrá un impacto directo en miles de trabajadores y usuarios, y marcará un precedente en un ecosistema de movilidad que, hasta ahora, viene funcionando sin un marco normativo claro y bajo una tensión creciente entre innovación, regulación y supervivencia económica.
