La Fiscalía de Estado de la Provincia consolidó durante el último año una política con fuerte impronta social: fortalecer el entramado de asociaciones civiles y, en paralelo, avanzar en la recuperación de terrenos fiscales. Así lo explicó la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, para Radio Universidad al detallar el trabajo que se desarrolla desde la Dirección de Personas Jurídicas y las acciones vinculadas al ordenamiento del patrimonio provincial.

“La fiscalía de estado tiene una dependencia que es la Dirección de Personas Jurídicas. Está ediliciamente fuera de Casa de Gobierno, pero es una dependencia nuestra”, explicó Gilda Pedicone de Valls, quien remarcó que al asumir el cargo detectó no solo la relevancia administrativa del área sino también una oportunidad de contacto directo con la ciudadanía.

Según precisó, desde el inicio de su gestión comenzaron a realizar actos institucionales en Casa de Gobierno para recibir a asociaciones que tramitan su personería jurídica o regularizan su situación formal. “Debemos estar hoy en el acto número 26”, señaló. Las organizaciones provienen de distintos puntos de la provincia —Tafí Viejo, El Mollar, Capital, Concepción, entre otros— y abarcan una amplia diversidad temática: discapacidad, liderazgo de mujeres, deporte, asociaciones médicas, payamédicos, capacitación educativa y reinserción social.

Para la funcionaria, el sentido de esta política es claro: “Ellos no son un expediente más. No son un papel que se agrega a otro para obtener una resolución. Son personas de carne y hueso”, afirmó. En esa línea, destacó el valor social del asociativismo como expresión de proximidad y compromiso comunitario: “Han entendido que pueden ayudar al prójimo, al cercano, al fraterno”.

Además, desde la Fiscalía impulsaron la creación de una base de datos que permite a las asociaciones vincularse entre sí y articular acciones. La idea, explicó, es que las organizaciones puedan complementarse: espacios deportivos que trabajen con grupos en situación de vulnerabilidad, talleres de capacitación que se integren con otras iniciativas sociales o proyectos comunitarios que se potencien mutuamente.

Recuperación de terrenos y ordenamiento patrimonial

En el plano político-institucional, la fiscal confirmó que continuará la política de recuperación de terrenos fiscales, una decisión impulsada por el Poder Ejecutivo provincial.

“Esa es una decisión del gobernador que la mantenemos absolutamente en el tiempo”, sostuvo Gilda Pedicone de Valls, y agregó que el objetivo es “recomponer el patrimonio de la provincia que había quedado medio descuidado”.

En los últimos días se concretó una recuperación en San Javier y ya están previstas nuevas intervenciones. Según indicó, se activaron mecanismos de autotutela administrativa que permitirán avanzar en distintas zonas de la provincia.

La funcionaria remarcó que el proceso se desarrolla dentro del marco legal vigente: “No vamos a ir a hacer otra cosa que es lo que la ley nos permite hacer”, subrayó.

Denuncias ciudadanas y participación

Otro eje de la política de ordenamiento es la participación ciudadana. Desde la página oficial de Fiscalía de Estado, dentro del sitio del Gobierno provincial, se habilitó un formulario digital al que se accede mediante código QR. Allí se pueden denunciar situaciones que afecten el patrimonio provincial o el ambiente, adjuntando fotografías y una descripción del caso.

“Ese formulario ingresa a un sistema en el cual hay personas atendiendo esos requerimientos y les dan trámite”, explicó la fiscal, quien aseguró que varias recuperaciones —especialmente de menor escala— surgieron gracias a estas denuncias.

De este modo, la gestión articula dos planos que se complementan: por un lado, el fortalecimiento del tejido social a través de la formalización de asociaciones civiles; por otro, la recuperación y defensa activa del patrimonio público. Ambos ejes, según la propia funcionaria, apuntan a un mismo objetivo: ordenar, institucionalizar y acercar el Estado a la comunidad.