El presidente Javier Milei regresó hoy al país tras su viaje a Oslo, donde asistió a la entrega del Premio Nobel de la Paz, y firmó personalmente el proyecto de reforma laboral que en las próximas horas ingresará al Senado de la Nación. Desde una oficina en el Aeroparque Jorge Newbery, acompañado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, Milei afirmó: “Por más crecimiento, prosperidad, trabajo. Para que Argentina sea grande nuevamente”.
Si bien la versión completa del proyecto aún no se difundió, algunos puntos empiezan a conocerse y generan debate. Entre ellos, el llamado “Banco de Horas”, que permitiría que los trabajadores desempeñen hasta 12 horas diarias, compensando las horas extra con descansos posteriores. “Hoy tenemos una jornada limitada a 8 horas por día y 48 por semana. Con este sistema, el trabajador no cobraría horas extras mientras el empleador cumpla luego con los descansos. Esto invisibiliza las horas extra y complica la planificación de la vida personal”, explica el Dr. Alberto Toro, abogado laboralista y docente universitario.
La voluntariedad que menciona el proyecto, según Toro, puede ser relativa. “En un contexto de desempleo alto, la presión del empleador es fuerte y difícilmente la ‘voluntad’ del trabajador sea realmente libre”, advierte, recordando que los sindicatos cumplen un papel central para equilibrar estas desigualdades. Sin embargo, la reforma también plantea restricciones a la acción colectiva, con posibles sanciones por medidas de fuerza, lo que podría limitar la fuerza negociadora de los trabajadores.
Otro punto crítico es la modificación de las indemnizaciones, que pasarían a un sistema de fondos o seguros sectoriales de cese laboral, similar al que ya existe en la construcción. Toro aclara que el trabajador cobraría lo aportado al fondo al final de su relación laboral, ya sea por despido o jubilación, pero advierte: “El problema es que la inflación puede reducir significativamente ese monto, y poner un tope máximo a la indemnización puede generar inestabilidad en la relación laboral”.
La reforma también impacta en el régimen de vacaciones y descansos. Actualmente, los trabajadores pueden fraccionar solo un tercio de sus vacaciones, siempre a su pedido. Con la nueva propuesta, el empleador podría fraccionar los períodos de hasta siete días, con riesgos de afectar la organización familiar y personal.
Entre los aspectos positivos, el proyecto busca incentivar la formalización del empleo, un punto clave en un país donde casi la mitad de los trabajadores están en negro o mal registrados. “Cualquier política que fomente el empleo registrado mejora también el sistema previsional y la sustentabilidad de la jubilación futura”, señala Toro.
Respecto a los sindicatos, el especialista recuerda que su función es equilibrar la desigualdad entre empleador y trabajador, y que cualquier limitación a la acción colectiva podría debilitar la protección de los derechos laborales. Sobre la cuota sindical, hasta ahora no se prevén cambios, aunque circulan rumores de que podría pasar a ser voluntaria.
Toro subraya que, si la reforma avanza sin debate amplio y consenso, es probable que surjan planteos judiciales que retrasen su aplicación. “Si no se escucha a todas las partes, es posible que se interpongan demandas por vulneración de derechos constitucionales”, advierte.
Como docente universitario, el Dr. Toro también destaca la importancia de la educación pública en este contexto: “El conocimiento es la mejor herramienta para que los trabajadores comprendan sus derechos y puedan defenderlos. En la universidad seguimos formando profesionales críticos, conscientes y preparados para analizar propuestas como esta”. Mientras tanto, el país espera la publicación oficial del proyecto, y sindicatos, empresas y trabajadores se preparan para un debate que promete marcar un antes y un después en la regulación laboral argentina.
