En medio del avance del proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad a 13 años, la organización ANDHES (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales) manifestó su rechazo a la iniciativa y pidió que cualquier modificación del régimen penal juvenil tenga un enfoque “garantista” y no implique un retroceso en materia de derechos.
En diálogo con Radio Universidad, Julieta Santillán, coordinadora del área de Niñez y Adolescencia de la organización, señaló que el debate “vuelve a resurgir cada vez que sucede un hecho puntual en el que están involucrados niños, niñas y adolescentes”, pero advirtió que “las políticas no terminan de ser eficientes cuando se plantean solo desde una lógica punitiva”.
Santillán explicó que ANDHES integra la mesa provincial “No a la baja de la edad de punibilidad”, conformada desde 2017 por organizaciones sociales, colectivos y colegios profesionales. Desde ese espacio, plantean que el eje de la discusión no debería centrarse exclusivamente en la edad de imputabilidad. “Entendemos que es necesario hacer una reforma del régimen penal juvenil, pero tiene que ser una reforma garantista de los derechos de chicos y chicas y no desde un retroceso, que es lo que vienen a postular estos proyectos”, sostuvo.
“No hay datos concretos que indiquen un aumento”
Durante la entrevista, la referente también cuestionó algunos de los argumentos que suelen instalarse en el debate público. “No hay datos concretos que digan que aumentó la cantidad de delitos en adolescentes; esas estadísticas no existen”, afirmó, y agregó que muchas veces el debate se apoya en “frases simples que empiezan a repetirse, pero no tienen información verídica detrás”.
En ese sentido, planteó que la violencia debe analizarse como una problemática social más amplia. “Las niñeces y las adolescencias forman parte del entramado social en el que vivimos y no son ajenas a los discursos y a las políticas que se vienen propiciando”, señaló. Además, consideró que existe una tendencia a mirar a los adolescentes “solo cuando hay un hecho que se supone delictivo”, mientras que no se garantiza el acompañamiento integral durante su desarrollo.
Santillán remarcó que el país cuenta con un sistema de protección integral de derechos y que, en el ámbito provincial, rige la Ley 8293, que establece una corresponsabilidad entre Estado, familias y comunidad. “Todos tenemos que velar por la garantía de derechos de los chicos y las chicas”, expresó.
Inversión en políticas de niñez
La coordinadora de ANDHES también hizo referencia a la necesidad de mayor inversión en políticas públicas destinadas a infancias y adolescencias. A modo de ejemplo, comparó partidas presupuestarias provinciales: “En 2024 el Ministerio de Seguridad tenía casi el 12% del presupuesto total, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social tenía el 4,6%. Eso habla de la mirada política que se tiene”, sostuvo.
Según explicó, además de una eventual reforma legal, resulta imprescindible fortalecer los equipos técnicos, mejorar condiciones laborales y garantizar recursos para programas de acompañamiento. “Es necesario seguir capacitando al personal, invertir en sus sueldos y en recursos económicos que permitan sostener los programas”, indicó.
Finalmente, Santillán aclaró que, desde la organización, no se desconoce la necesidad de que existan consecuencias ante la comisión de delitos. “Por supuesto que los adolescentes deben responsabilizarse y que debe haber consecuencias. De hecho, las hay”, afirmó. Sin embargo, insistió en que la respuesta no puede limitarse al endurecimiento de penas: “Hay que definir qué tipo de sociedad queremos: una que bregue por la violencia y el castigo o una que entienda que deben responsabilizarse, pero con garantías de derecho”.
