A pocos días de la definición legislativa de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, continúan las distintas interpretaciones sobre el alcance real de las modificaciones previstas. En diálogo con Radio Universidad, el presidente de la Sociedad de Abogados Laboralistas de Tucumán, Alberto Toro, compartió su mirada técnica sobre el proyecto y planteó cuestionamientos respecto de su impacto en las condiciones laborales vigentes.
Consultado sobre si la iniciativa puede considerarse una modernización del sistema laboral, el especialista fue categórico al expresar su posición: “Yo creo que no es una modernización, sino una flexibilización. Se flexibilizan las condiciones de contratación a los efectos de hacerlo más sencillo para los empleadores, pero no hay nada innovador en lo que trae”. En ese sentido, señaló que —a su criterio— el debate podría haber incluido nuevas modalidades de empleo vinculadas a plataformas digitales, aunque sostuvo que “todo lo contrario, porque se los excluye expresamente del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo”.
Durante la entrevista, Toro explicó que uno de los puntos que observa con preocupación es la modificación del principio protectorio del derecho laboral. “No hay ninguna de las modificaciones que beneficie a los trabajadores”, afirmó, y agregó que la reforma vuelve “mucho más laxo el principio de irrenunciabilidad de derechos”, permitiendo acuerdos entre empleador y trabajador que, según indicó, no siempre se desarrollan en condiciones equivalentes. “En algunos casos puede haber igualdad, pero en la mayoría de las situaciones la igualdad no es tal”, sostuvo.
Entre los aspectos que, según explicó, podrían tener impacto en la vida cotidiana laboral, mencionó el sistema de banco de horas, los cambios vinculados a indemnizaciones y la posibilidad de fraccionar vacaciones. “El banco de horas invisibiliza o prácticamente hace desaparecer las horas extras”, señaló, aunque aclaró que algunos artículos inicialmente propuestos —como modificaciones en licencias por enfermedad inculpable— finalmente fueron retirados del debate legislativo. Sobre ese punto indicó: “Era verdaderamente inhumano que un trabajador enfermo o accidentado pudiera cobrar menos salario; por eso se terminó sacando”.
El abogado también se refirió a uno de los argumentos sostenidos por funcionarios nacionales respecto a la denominada “industria del juicio laboral”. Según expresó, se trata de una idea que merece un análisis más amplio. “Cuando se habla de industria del juicio parece que todos los procesos estuvieran inventados, y en realidad los juicios se dan por incumplimientos o errores en la contratación”, explicó. Además, sostuvo que el nivel de litigiosidad resulta bajo en comparación con el volumen de empleo informal existente: “Si el 43% de los trabajadores está en negro o deficientemente registrado, el porcentaje de reclamos judiciales es ínfimo”.
No obstante sus críticas, Toro reconoció que algunos puntos podrían generar efectos positivos si logran aplicarse correctamente. En particular, destacó la reducción de cargas patronales para nuevas contrataciones formales. “Ese punto está bien, porque el verdadero problema muchas veces es que el empleador no puede costear el trabajador registrado”, afirmó, y ejemplificó que actualmente “un kiosco paga lo mismo que una gran cadena por un empleado, y claramente no están en igualdad de condiciones”.
De cara a la eventual aprobación definitiva, el especialista anticipó que el debate probablemente continuará en el ámbito judicial. “Para mí seguro van a existir planteos de inconstitucionalidad”, señaló, aunque aclaró que será el Poder Judicial quien determine finalmente la validez de la norma. “Habrá que ver qué opinan los jueces y, en última instancia, la Corte Suprema, que será la que termine definiendo la cuestión”, indicó.
Finalmente, Toro planteó que uno de los cambios centrales podría radicar no tanto en nuevas prácticas laborales, sino en la legalización de situaciones que ya ocurrían en la práctica. “Antes había cosas que no se cumplían y estaban mal; ahora lo que estamos haciendo es legalizarlas”, expresó. Y concluyó: “La pregunta no es tanto qué va a cambiar, sino que muchas situaciones que antes eran irregulares ahora pasarían a estar permitidas por la propia norma”.
