Las amenazas y mensajes intimidatorios aparecidos en escuelas de distintas provincias encendieron una alarma social y reabrieron el debate sobre el rol de los adultos, la prevención y la respuesta institucional ante conductas violentas protagonizadas por adolescentes. En ese contexto, el juez penal de niños, niñas y adolescentes Federico Moeykens analizó la situación y dejó una definición que atravesó toda la entrevista: “Tenemos que armarnos con la palabra”.
El magistrado sostuvo que lo que ocurre en las escuelas no puede interpretarse como un problema exclusivo del ámbito educativo. “No es un problema estrictamente de la escuela, sino más bien se manifiesta ahí porque es el lugar después de la casa donde el chico comparte más horas”, explicó. A su criterio, se trata de un fenómeno nacional que expresa tensiones más profundas vinculadas al mundo adolescente y a la ausencia de marcos de contención.
Moeykens consideró que el rol de los adultos resulta central en este escenario. “Puede ser la consecuencia de la ausencia de ese rol adulto y, a su vez, la manifestación que pueden estar haciendo los adolescentes por ese motivo”, señaló. En ese sentido, remarcó que muchas familias creen conocer plenamente a sus hijos, pero desconocen la dimensión digital en la que hoy transcurre gran parte de su vida cotidiana.
“Los adolescentes tienen su propio mundo adentro de un teléfono o celular”, afirmó. Según indicó, allí circulan códigos, vínculos, lenguajes y dinámicas que muchas veces los adultos no comprenden. Por eso, recomendó observar producciones culturales que abordan esta realidad, como la serie Adolescencia, a la que definió como una herramienta útil para entender parte de lo que está sucediendo.
El juez remarcó que las amenazas no deben relativizarse y que corresponde una respuesta firme del sistema legal y educativo. “Todo comportamiento contrario a las normas debe ser castigado o sancionado”, expresó. Sin embargo, aclaró que la sanción por sí sola no resuelve el problema de fondo y que luego debe avanzarse sobre lo verdaderamente importante: el trabajo preventivo y formativo.
“Estamos trabajando con sujetos de derechos en desarrollo”, recordó, al explicar que la adolescencia implica una etapa particular desde lo psicológico, lo emocional y lo neurológico. En esa línea, sostuvo que muchas veces los jóvenes comprenden que una acción está mal, pero no alcanzan a dimensionar sus consecuencias futuras. “A veces no miden todo lo que va a traer la picardía de haber puesto una amenaza en un baño”, ejemplificó.
De cara a la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil prevista para septiembre, Moeykens advirtió sobre la necesidad de generar conciencia temprana. Señaló que muchas conductas naturalizadas pueden configurar delitos y que los adolescentes deben conocer los límites legales para no entrar en contacto con el sistema penal.
No obstante, también defendió la importancia de las herramientas restaurativas para casos de menor gravedad. Explicó que medidas como tareas comunitarias, reparación del daño o espacios de reflexión pueden cumplir un rol pedagógico y favorecer la reinserción. “La idea es que el adolescente salga de un camino al que nunca debió ingresar”, resumió.
Hacia el final, el juez propuso recuperar el diálogo dentro de las escuelas, las familias y la comunidad. “Después de que pase todo esto, tenemos que volver sobre el tema, poner en palabras lo sucedido”, expresó. Y dejó una frase que sintetiza su mirada sobre el momento actual: “Tenemos que armarnos con la palabra”.
