Tras casos de autolesiones de jóvenes en dispositivos estatales, la organización de derechos humanos ANDHES presentó un amparo colectivo para exigir al Gobierno de Tucumán que garantice la salud mental y la protección integral de niñas, niños y adolescentes alojados en hogares provinciales. La acción busca respuestas estructurales ante un sistema fragmentado y sin articulación entre las áreas de salud y desarrollo social.
“La salud mental es un derecho humano, no un privilegio”, dice sin titubear Julieta Santillán Juri, coordinadora del área de Niñez y Adolescencia de ANDHES, en diálogo con Radio Universidad. Junto a Florencia Vallino Moyano, directora ejecutiva de la organización, acaban de presentar un amparo colectivo ante la Justicia para que el Estado tucumano asuma su responsabilidad frente a la situación crítica que atraviesan los y las adolescentes institucionalizados en hogares estatales.
El amparo, ya admitido por la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa, busca que el gobierno implemente medidas estructurales que garanticen la atención integral de la salud mental en los Dispositivos de Cuidado Institucional (DCI), como el Instituto Santa María Goretti, el Belgrano, el San Benito o Eva Perón. La acción se presenta en un contexto de urgencia, tras conocerse el suicidio de una adolescente en el Goretti y otros hechos recientes que revelan fallas sistemáticas en la protección estatal. “No estamos frente a casos aislados”, advierte Vallino. “Se trata de una problemática estructural. Cuando el Estado no articula sus áreas, las consecuencias las pagan las niñas y los adolescentes institucionalizados”, manifestó
Un problema estructural y una deuda colectiva
Durante la entrevista, Santillán Juri y Vallino insistieron en que el amparo no surge de un hecho puntual, sino de un diagnóstico sostenido. “Venimos viendo una sucesión de situaciones que no son fallas individuales, sino síntomas de un sistema colapsado”, explicó Santillán.
Entre las causas, mencionan la falta de presupuesto en niñez y adolescencia, la rotación constante de trabajadores, y la ausencia de protocolos unificados entre los ministerios de Salud y Desarrollo Social. En ese sentido, la acción judicial reclama la creación de un programa interministerial, la capacitación permanente del personal, y la implementación de un protocolo de crisis, además de mesas de trabajo interdisciplinarias con participación de organizaciones civiles y colegios profesionales. “El Estado es el garante primario del cuidado de estas niñeces y adolescencias. No puede delegar esa responsabilidad ni responder de forma fragmentada”, subrayó Santillán.
La salud mental como derecho
El planteo de ANDHES parte de un enfoque de derechos humanos, niñez y salud mental comunitaria. La organización advierte que muchos hogares funcionan más como espacios de encierro que como ámbitos de cuidado y acompañamiento. “Los dispositivos institucionales deberían ser la última medida, no la primera”, explica Vallino. Y agregó: “Las políticas públicas deberían priorizar alternativas familiares, de acogimiento o ampliadas, que permitan a los chicos crecer en un entorno afectivo y estable”.
El amparo también pone en evidencia la necesidad de desmitificar los padecimientos de salud mental y de formar al personal que acompaña a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. “No se trata solo de asistencia psicológica, sino de generar condiciones dignas de vida y vínculos de cuidado reales”, afirmó Santillán.
Un paso judicial con impacto social
El expediente N.º 543/2025, impulsado por ANDHES, fue presentado a fines de octubre y se encuentra en la etapa de publicación de edictos, un paso procesal que permite que otras organizaciones, profesionales o personas interesadas se sumen a la acción colectiva o adhieran a la demanda. La convocatoria permanecerá abierta durante los próximos días. “Queremos que esta acción sirva para construir políticas preventivas y sostenidas, no solo para reaccionar después de las tragedias”, señaló Vallino.
Desde la organización destacaron que el objetivo no es solo exigir respuestas judiciales, sino promover transformaciones estructurales: protocolos efectivos, equipos interdisciplinarios capacitados y una mirada integral sobre la salud mental en la infancia y la adolescencia.
ANDHES difunde edictos en el amparo colectivo:
Con fecha del martes 11 de noviembre, la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo autorizó la difusión de los edictos a través de medios alternativos propuestos por ANDHES. Se trata de un paso procesal fundamental, de acuerdo a nuestro Código Procesal Constitucional provincial que para este tipo de acciones ordena en su Artículo 79 la más amplia difusión para que quienes estén interesados o interesadas puedan sumarse a la acción presentando su propia demanda. En este sentido, dicho artículo señala que:
“Dentro del plazo de cinco (5) días desde la última publicación, pueden postularse, interponiendo la demanda respectiva, las agrupaciones privadas de defensa que invoquen mejor derecho para obrar como legitimado activo; asimismo pueden los sujetos singularmente damnificados acumular su pretensión a la acción colectiva, unificando personería en representante de la agrupación legitimada”
Conocé el texto completo del edicto aquí:
