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San Miguel de Tucumán

La UNT espera el aval judicial para destrabar fondos de YMAD y avanzar con la Ciudad Universitaria

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se encuentra a la espera de la convalidación del Juzgado Federal de Catamarca de los convenios firmados con Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), un paso clave para que el Consejo Superior pueda avanzar en la definición y ejecución de las obras vinculadas al proyecto de la Ciudad Universitaria.

Así lo confirmó el rector Sergio Pagani, quien explicó que el acuerdo con YMAD forma parte de un proceso destinado a poner fin a un litigio histórico y garantizar el acceso de la UNT a recursos que le corresponden por derecho. “Hemos firmado dos convenios. Uno es con YMAD y tiene que ver con la finalización del juicio que tenía la UNT por la recuperación del 40%”, señaló el rector, en referencia a la participación que la casa de estudios tendrá en las utilidades provenientes de la empresa minera.

El convenio fue presentado ante la Justicia federal de Catamarca a fines de diciembre de 2025 y ya cuenta con la aprobación de la Legislatura catamarqueña —tanto de Diputados como del Senado— y del propio Consejo Superior de la UNT, que dio el visto bueno institucional para su ejecución. Sin embargo, para que el acuerdo entre en plena vigencia es necesaria la ratificación por parte del Juzgado Federal, lo que habilitará a la UNT a definir institucionalmente cómo se destinarán y ejecutarán esos fondos en el marco de la Ciudad Universitaria.

Según explicó Pagani, este esquema no fija un plazo temporal para la percepción de esos recursos, sino metas concretas de obra: “No hay límite de tiempo en el que recibiremos el 40%; lo que sí hay es un límite en la cantidad de obras a ejecutar”, detalló el rector. Una vez alcanzada la superficie constructiva acordada, cambiará el esquema de distribución de utilidades entre la UNT y otras universidades nacionales.

El proyecto de la Ciudad Universitaria y el uso de esos recursos mineros constituye una demanda histórica de la comunidad universitaria. El acuerdo que ahora espera el aval judicial representa el cierre de un conflicto de décadas y la oportunidad de concretar decisiones estratégicas sobre infraestructura universitaria que estaban pendientes.

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se encuentra a la espera de la convalidación del Juzgado Federal de Catamarca de los convenios firmados con Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), un paso clave para que el Consejo Superior pueda avanzar en la definición y ejecución de las obras vinculadas al proyecto de la Ciudad Universitaria.

Así lo confirmó el rector Sergio Pagani, quien explicó que el acuerdo con YMAD forma parte de un proceso destinado a poner fin a un litigio histórico y garantizar el acceso de la UNT a recursos que le corresponden por derecho. “Hemos firmado dos convenios. Uno es con YMAD y tiene que ver con la finalización del juicio que tenía la UNT por la recuperación del 40%”, señaló el rector, en referencia a la participación que la casa de estudios tendrá en las utilidades provenientes de la empresa minera.

El convenio fue presentado ante la Justicia federal de Catamarca a fines de diciembre de 2025 y ya cuenta con la aprobación de la Legislatura catamarqueña —tanto de Diputados como del Senado— y del propio Consejo Superior de la UNT, que dio el visto bueno institucional para su ejecución. Sin embargo, para que el acuerdo entre en plena vigencia es necesaria la ratificación por parte del Juzgado Federal, lo que habilitará a la UNT a definir institucionalmente cómo se destinarán y ejecutarán esos fondos en el marco de la Ciudad Universitaria.

Según explicó Pagani, este esquema no fija un plazo temporal para la percepción de esos recursos, sino metas concretas de obra: “No hay límite de tiempo en el que recibiremos el 40%; lo que sí hay es un límite en la cantidad de obras a ejecutar”, detalló el rector. Una vez alcanzada la superficie constructiva acordada, cambiará el esquema de distribución de utilidades entre la UNT y otras universidades nacionales.

El proyecto de la Ciudad Universitaria y el uso de esos recursos mineros constituye una demanda histórica de la comunidad universitaria. El acuerdo que ahora espera el aval judicial representa el cierre de un conflicto de décadas y la oportunidad de concretar decisiones estratégicas sobre infraestructura universitaria que estaban pendientes.

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